La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el jueves una reforma constitucional que permitirá al presidente Nayib Bukele postularse de manera indefinida a la presidencia. Con 57 votos a favor y tres en contra, los legisladores, en su mayoría pertenecientes al partido oficialista, modificaron cinco artículos de la Constitución. Entre los cambios también se amplió la duración del mandato presidencial, que pasará de cinco a seis años.
Ana Figueroa, diputada que presentó la propuesta, defendió la medida afirmando que serán los ciudadanos quienes decidirán “cuantas veces lo deseen” si Bukele debe continuar en el poder. Recordó además que otros cargos públicos, como alcaldes y legisladores, ya cuentan con reelección ilimitada.
Bukele, de 44 años, no ha emitido comentarios sobre esta decisión. Su actual periodo finaliza en 2029, pero la reforma adelantaría la conclusión a 2027, año en que podría buscar nuevamente la presidencia, esta vez por un periodo de seis años.
Elegido por primera vez en 2019, Bukele fue reelegido en 2024 tras ganar apoyo popular por su dura estrategia contra las pandillas. Bajo un estado de excepción, renovado ya 40 veces, su gobierno ha detenido a decenas de miles de personas, muchas de ellas sin pruebas de vínculos con pandillas, según organizaciones de derechos humanos. En los últimos meses, la administración también ha intensificado acciones contra grupos de la sociedad civil, provocando el exilio de activistas y periodistas.
A pesar de las críticas que lo acusan de concentrar el poder y adoptar tácticas autoritarias, Bukele sostiene que sus medidas han convertido al país en uno de los más seguros de la región. “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, dijo en junio.
Durante su mandato, el presidente ha cultivado una imagen de ruptura con los partidos tradicionales, usando redes sociales y producciones audiovisuales que muestran pandilleros encarcelados. Se autodenomina “el dictador más cool” y un “rey filósofo”.
Bukele ha mantenido también una relación estrecha con el expresidente estadounidense Donald Trump, colaborando en políticas de deportación y facilitando el retorno de líderes de la pandilla MS-13 a El Salvador, por lo que su gobierno recibió unos 5 millones de dólares. Autoridades estadounidenses, sin embargo, han señalado que existen pruebas de negociaciones entre el gobierno salvadoreño y líderes de la MS-13, acusaciones que Bukele rechaza y atribuye a administraciones anteriores.
Analistas y grupos de derechos humanos advierten que la reforma constitucional representa un paso más en la consolidación del poder presidencial en El Salvador.
